El gobierno español destina 150 millones de euros para modernizar y potenciar el sector vitivinícola, con especial atención a Castilla La Mancha y Castilla y León. Las medidas buscan mejorar la competitividad de los productores, adaptándolos a las demandas del mercado y fomentando prácticas sostenibles. Las inversiones reflejan la importancia del sector vitivinícola en estas regiones y la necesidad de su modernización y competitividad.