COAG demanda inspecciones detalladas sobre los contratos de compra-venta de uva para vinificación debido a los precios que no cubren los costes de producción. Los precios ofrecidos están por debajo de los costes, lo que incumple la Ley de mejora de la Cadena Alimentaria. Los viticultores podrían sufrir pérdidas de hasta 900 euros por hectárea. La situación refleja una discrepancia entre los costes de producción y los precios ofrecidos por las bodegas.